AGAPITO GARCÍA

La imagen en carne y hueso de la sociedad española la podría resumir a las mis maravillas este individuo.

 Agapito García Sánchez, la presa de la Agencia Tributaria, al igual que muchos otros a lo largo de la historia reciente de España, Agapito ha tenido que arrastrar a sus espaldas una deuda que a día de hoy le ha costado 20 millones de euros, impago que le acompaña desde 1989, cuando inició una guerra que nunca podría ganar. Agapito comenzó a cavar su tumba al tomar la decisión en 1989 de vender a una compañía británica sus cuatro empresas dedicadas a la arena y otros materiales de construcción por el valor de 23 Millones de euros.

 Años después, la Agencia Tributaria le acusó de usar sociedades pantalla para eludir impuestos y con el tiempo, tras sumar los intereses de demora y las sanciones correspondientes a la cuota que presuntamente había defraudado, se le llegó a exigir el pago de 53 millones. El escándalo aparece cuando se da a conocer la sentencia de los tres juicios llevados a cabo por la reclamación de la deuda, Recursos en los que Agapito ha salido victorioso, pero al parecer de poco sirve la justicia cuando el estado es tu compañero en el ring. 

Nos hacen creer que vivimos en una nación plena de derechos, llena de recursos a los que optar si el estado es el que comete una injusticia, pero si decidimos tomar ese camino, nos daremos cuenta de que son simplemente obstáculos que dificultan, entorpecen y retrasan para poder llegar a la verdad. La administración Española ha pasado de ver a los ciudadanos cómo simples contribuyentes a verlos cómo súbditos de su poder autoritario. 

El objetivo principal de la Hacienda Pública ha pasado a ser la creación de la mayor deuda posible, ya que cuanto mayor sea el endeudamiento, mayor será el ingreso. Al estado lo único que le apasiona es cobrar y no llevar razón, a los fiscales solo les interesa acusarte, después pierden y no tiene ninguna responsabilidad y lo más importante, al gobierno le conviene defender a una agencia que no lleva la razón. 

 Todos estos expertos, desde el presidente del gobierno, pasando por los fiscales y diputados, hasta los policías, son los que velan por nuestros derechos. Pero, ¿Quién nos defiende de los expertos?